Together we must make a decisive move, now, to improve the health of women and children around the
world. we know what works. we have achieved excellent progress in a short time in some countries.
the answers lie in building our collective resolve to ensure universal access to essential health services
and proven, life-saving interventions as we work to strengthen health systems. these range from family
planning and making childbirth safe, to increasing access to vaccines and treatment for hIV and aIds,
malaria, tuberculosis, pneumonia and other neglected diseases. the needs of each country vary and
depend on existing resources and capacities. often the solutions are very simple, such as clean water,
exclusive breastfeeding, nutrition, and education on how to prevent poor health.
the global strategy for women’s and children’s health meets this challenge head on. It sets out the
key areas where action is urgently required to enhance financing, strengthen policy and improve service
delivery. these include:
• support for country-led health plans, supported by increased, predictable and sustainable investment.
• Integrated delivery of health services and life-saving interventions – so women and their children can
access prevention, treatment and care when and where they need it.
• stronger health systems, with sufficient skilled health workers at their core.
• Innovative approaches to financing, product development and the efficient delivery of health services.
• Improved monitoring and evaluation to ensure the accountability of all actors for results.
I thank the many governments, international and non-governmental organizations, companies,
foundations, constituency groups and advocates who have contributed to the development of this global
strategy. this is a first step. It is in all our hands to make a concrete difference as a result of this plan.
I call on everyone to play their part. success will come when we focus our attention and resources on
people, not their illnesses; on health, not disease. with the right policies, adequate and fairly distributed
funding, and a relentless resolve to deliver to those who need it most – we can and will make a lifechanging difference for current and future generations.
ban Ki-moon
new york, september 2010
To view the full report to enter the site
http://www.everywomaneverychild.org/images/content/files/global_strategy/full/20100914_gswch_en.pdf
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jueves, 22 de diciembre de 2011
viernes, 16 de diciembre de 2011
ECUADOR: CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONCLUSIONES: ENCUESTA A JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, a través de su Secretaría Ejecutiva,
sobre la base de lo establecido en el Art. 195 del Código de la Niñez y Adolescencia que
establece la función de “Vigilar del cumplimiento de los objetivos del sistema en todos
sus componentes, a través de sus distintos organismos”; así como en el Art. 199 literal
f) que señala como función de la Secretaría Ejecutiva: “Impulsar los proyectos de
investigación y de capacitación que fueren necesarios para mejorar la capacidad de
gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral”; desarrolló la
“Primera Evaluación y Diagnóstico de Organismos Operadores de Justicia
Especializada en Niñez y Adolescencia del SNDPINA”, con el objetivo de contar con
información sobre el diseño institucional, la capacidad instalada y la gestión
(2008, 2009, 2010) de los operadores de justicia especializados en niñez y
adolescencia, para posteriormente plantear un proceso de fortalecimiento conjunto.
Los organismos operadores de justicia especializados del SNDPINA que fueron parte de
esta investigación son los siguientes:
1.- Consejo de la Judicatura:
Salas de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
Juzgados de la Niñez y Adolescencia; y Jueces Adjuntos Niñez y Adolescencia
Juzgados Civiles (donde no hubieren Juzgados de la Niñez y Adolescencia)
Oficinas Técnicas de los Juzgados de Niñez y Adolescencia
2.- Fiscalía General del Estado:
Procuradores de Adolescentes Infractores (adolescentes en conflicto con la ley)
3.- Juntas Cantonales de Protección de Derechos
4.- DINAPEN (Policía Especializada):
Jefaturas Provinciales
Subjefaturas
Para la realización de la investigación se contó con el apoyo institucional de cada organismo, levantándose información a nivel local y nacional a través de los formularios elaborados para el efecto.
El presente informe visualiza el resultado de la evaluación y diagnóstico realizado a los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia a nivel nacional así como a los Juzgados de lo Civil de los lugares donde no existen Juzgados de Niñez y Adolescencia y que conocen las causas de este grupo de atención prioritaria.
De las 95 judicaturas que remitieron sus respuestas se ha analizado la información proporcionada agrupándolas en cinco grandes temas: Infraestructura, Equipo Humano, Articulación, Enfoque de Derechos y Aplicación de la Justicia. En el marco de estos grandes temas se concluye lo siguiente: 3
INFRAESTRUCTURA
Para evaluar las necesidades de infraestructura que enfrentan los juzgados civiles y de la familia, niñez y la adolescencia a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas a sus instalaciones físicas, al acceso de servicios básicos, servicios de interconectividad y bases de datos para la formulación estadística.
De los resultados se desprende la siguiente información:
Infraestructura física
El 63% de las oficinas son arrendadas, un 32% son propias y apenas un 2% se encuentran en comodato u otras formas de propiedad. Las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Pichincha son las provincias que tienen mayor número de oficinas arrendadas, por su parte, Azuay, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua son
las provincias que tienen mayor número de instalaciones propias.
De las instalaciones analizadas, el 87% no cuentan con infraestructura para personas con capacidades especiales a nivel nacional
Conclusiones:
Estas cifras, reflejan que el Estado ecuatoriano carece de los espacios necesarios y adecuados para el funcionamiento de los juzgados de la niñez y adolescencia, así como también que el hecho de que en su mayoría sean bienes inmuebles arrendados implica un alto costo económico para el Estado por el pago de dicha infraestructura.
Infraestructura tecnológica
De la información proporcionada por los juzgados consultados en las 20 provincias a nivel nacional, se desprende que el total de computadoras con que cuentan es de 299. De esa cifra, las provincias que tienen mayor número de computadoras en buen estado son Pichincha (21%), El Oro (12%), Tungurahua
(10%) y Azuay (9%).
A nivel nacional, el 44% de las judicaturas afirman tener un software institucional para el manejo de causas, el 76% afirman que tienen línea de teléfono, el 39% están conectadas al servidor del Consejo Nacional de la
Judicatura, apenas el 14% tiene una cuenta institucional de correo electrónico.
En relación al levantamiento de estadísticas actualizadas sobre las causas que tramitan en sus judicaturas el 93% a nivel nacional contestaron que si las tienen.
Conclusiones:
En términos generales, se puede afirmar que de las judicaturas consultadas la mayoría tienen acceso a servicios básicos como el servicio telefónico, pero que menos de la mitad de ellas tiene acceso a servicios tecnológicos y de interconectividad, lo que dificulta la recepción y transferencia de información de todo tipo, particularmente, de aquella relacionada con el objetivo de sus funciones.
Sobre la elaboración de estadísticas actualizadas sobre las causas que se manejan dentro de los juzgados consultados, la mayoría contestaron que las tienen, sin embargo, al ser apenas el 39% los que están conectadas al servidor 4del CNJ, se desconoce si dichas estadísticas alimentan periódicamente los datos
de tal institución.
EQUIPO HUMANO
Respecto al talento humano de los juzgados nacionales encuestados, el 89% de ellos respondieron que no cuentan con personal de apoyo suficiente, siendo Azuay y Pichincha, El Oro y Los Rios aquellos que mayormente muestran esta dificultad.
En relación a las oficinas técnicas, órganos auxiliares distritales de la Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, apenas el 42% de los juzgados consultados afirman contar con esta instancia de apoyo. Adicionalmente, apenas un 2% de los juzgados consultados afirman que las Oficinas Técnicas de Apoyo cuentan con todos los insumos para su funcionamiento. La percepción de funcionamiento de estas oficinas por parte de los juzgados a nivel nacional desprende los siguientes resultados: Muy Bueno (27%), Regular (18%), Excelente (4%), Malo (4%), Pésimo (2%). Así por ejemplo, provincias como
Carchi, Cotopaxi y Los Ríos y Pastaza califican de excelente el trabajo de sus oficinas técnicas; por su parte, Pichincha y Tungurahua lo califican como muy malo; Azuay, Imbabura, Loja, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas lo califican como regular.
En relación a la capacitación del personal en materia de niñez y adolescencia, en el 2008, apenas un 28% de los juzgados consultados recibieron algún tipo de capacitación, en el 2009 se elevó el porcentaje a 33% y para el 2010 un 39% de los juzgados afirman haber sido capacitados. Es decir, en el periodo analizado
(2008-2010) existe un incremento considerable, de un 11%, para el acceso a servicios de capacitación especializada en niñez y adolescencia. Los juzgados de Azuay, El Oro, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura afirman haber recibido mayor capacitación en relación a las otras provincias a nivel nacional. Sobre la
participación en capacitaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, el 53% de los juzgados a nivel nacional, afirman haber recibido dichas capacitaciones.
Sobre la organización del trabajo y niveles de desempeño se les consultó a los juzgados a nivel nacional si habían sido sujetos a una evaluación de desempeño durante el periodo (2008-2010), los resultados nacionales indican que para el 2008 el 32% no fueron evaluados, en el 2009 disminuyo la cifra a un 31% y para el 2010 aumento al 37%. Finalmente se les consultó si para lo que lleva del 2011 se ha realizado algún tipo de evaluación de desempeño, las judicaturas de El Oro, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas afirmaron haber sido sujetos a evaluación.
Conclusiones:
Respecto al talento humano de los juzgados nacionales encuestados, el 89% de ellos respondieron que no cuentan con personal de apoyo suficiente, esto impide la ejecución eficiente de aplicación de la justicia, ya que la sobrecarga actual de trabajo en los funcionarios de las judicaturas, imposibilita responder
oportunamente al número de necesidades de los usuarios del sistema judicial. 5
En este sentido, la carencia de personal suficiente ocasionará la demora en la atención de las causas a nivel nacional. Lo antes mencionado se relaciona con la falta de oficinas técnicas de apoyo a las
judicaturas a nivel nacional, pues apenas el 40% afirman contar con esta instancia y de ese porcentaje, apenas el 2% contarían con insumos necesarios para su funcionamiento. Es por todo esto, concluyente el hecho cierto de la necesidad de crear oficinas técnicas a nivel nacional y que éstas y aquellas que
ya estarían en funcionamiento sean fortalecidas a nivel de recursos humanos e infraestructura.
En cuanto a la evaluación periódica del desempeño de las instancias judiciales es fundamental implementarlas para alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en la administración de justicia. Si no existe este tipo de evaluación, no es factible medir la calidad del trabajo que realizan los operadores de justicia, imposibilita
encontrar nudos críticos en la gestión y a su vez impide encontrar mecanismos que agilicen o faciliten la ejecución de los procesos.
ARTICULACIÓN
Para evaluar los niveles de articulación de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Civiles a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas al grado de relacionamiento interinstitucional, en especial de aquellas que son parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que
está integrado de conformidad al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por tres niveles de organismos:
1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, que
son:
a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y,
b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia;
2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. son:
a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos;
b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y,
c) Otros organismos.
3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos son:
a) Las entidades públicas de atención; y,
b) Las entidades privadas de atención.
Por lo tanto se evaluó la existencia de rutas o redes que permitan la aplicabilidad de
esta articulación y sobre todo se requirió una calificación de dicha articulación respecto
a sus resultados.
De las respuestas remitidas se desprende la siguiente información:
Frente al grado de coordinación entre los organismos de Sistema Nacional
Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia- SNDPINA en su cantón se refleja que el 24% de las judicaturas consideran positiva la coordinación, calificándola un 3% como excelente, 9% como muy bueno y 12% 6
como bueno; mientras que el 15% la califica como regular; el 17% como malo y el 44% no contesta.
Los organismos especializados de niñez y adolescencia a nivel local con los que mayormente se relacionan y articulan las judicaturas son: Dinapen 1209
acciones, Fiscalía 384 acciones, Juntas Cantonales de Niñez y Adolescencia 33
acciones; y, Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia 60 acciones; con
entidades de atención 29 acciones; Comisarías de la Mujer y la Familia 35
acciones; y, con Autoridad Central (CNNA) 7 acciones.
El 78% de las judicaturas indican que no han participado en reuniones para la
construcción de “Rutas de Protección”; y, solo el 22% son parte de alguna Red
Institucional de niñez y adolescencia.
De manera específica se consultó sobre el grado de coordinación entre el
Juzgado y el Consejo Nacional de la Judicatura a través del distrito al que
pertenece, dando como resultado que, el 12% lo considera excelente; 35% muy
bueno; el 22% bueno; regular el 14%; solo el 3% lo considera malo; y, el
14% no contesta. Relacionado con el nivel de cumplimiento de los acuerdos
alcanzados a la red que pertenecen, el 15% responde que si se cumple; y, el 85%
que no se cumple.
En el mismo sentido, se solicitó se califique el grado de coordinación entre el
Juzgado y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, de lo que se
desprende que el 39% lo considera excelente, bueno o muy bueno, mientras que
el 14% lo considera regular; el 18% lo considera malo; y un 29% no contesta.
Conclusiones:
Del levantamiento de la información se desprende las debilidades y dificultad de
articulación en respuesta a cómo está concebida, la gestión de la administración de
justicia como acciones que nacen y terminan en si mismas sin mirar el trabajo de
manera interinstitucional para el cumplimiento de las políticas públicas y
consecuentemente el cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia.
La participación de los Jueces en la definición de rutas de protección especializadas así
como su participación en redes institucionales a nivel local es muy limitada, esto genera
dificultades tanto para los usuarios como para las instituciones a la hora de coordinar
acciones para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, implicando además la falta de un funcionamiento sistémico. En este
sentido, se identifica que dentro del modelo de gestión del Sistema de Administración
de Justicia especializada de Niñez y Adolescencia no está visibilizada esta articulación
sistémica.
ESPECIALIDAD - ENFOQUE DE DERECHOS7
Para evaluar la aplicación de la especialidad y del enfoque de derechos de niños, niñas y
adolescentes en las Judicaturas, se formularon preguntas relacionadas al trato y al
procedimiento utilizado en las causas haciendo énfasis a las herramientas utilizadas
para el efecto.
De las respuestas remitidas se desprende la siguiente información:
En cuanto al trato especializado de niños, niñas y adolescentes se consultó la
frecuencia con que se escucha a los niños, niñas y adolescentes dentro de los
procesos que la judicatura sustancia, los resultados fueron: 56% siempre; 13%
casi siempre; 25% regularmente y 5% casi nunca.
En esa misma línea, se preguntó si el Juzgado cuenta con espacios lúdicos
diseñados para niños, niñas y adolescentes, de lo cual se desprende que apenas
un 5% de los Juzgados consultados cuentan con dichos espacios y de forma
mayoritaria, el 95% no contaría con espacios adecuados. Adicionalmente, el
13% de Juzgados cuentan con espacios adecuados para escuchar a niños, niñas y
adolescentes mientras que el 87% no cuentan con dichos espacios; frente a si los
Juzgados cuentan con algún tipo de material lúdico o didáctico para niños,
niñas y adolescentes el 99% responde negativamente.
En lo relativo al procedimiento se consultó si el Juzgado cuenta con un
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país relacionados con
niñez y adolescencia, a lo que se respondió positivamente un 51% y
negativamente un 49%. Respecto a esto, se solicitó calificar la frecuencia con la
que se utiliza estos instrumentos y el 24% respondió que siempre los utiliza, el
17% casi siempre, 32% regularmente, 4% casi nunca y el 15% nunca.
Conclusiones:
La aplicación de los principios de la doctrina de protección integral que manda a las autoridades administrativas y judiciales a ajustar sus decisiones al cumplimiento del conjunto de sus derechos; y en ese sentido la obligación de escuchar al niño, niña o adolescente en todos los asuntos que les interesa aparece evaluado de forma negativa por parte de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, siendo esto un incumplimiento claro a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro País.
Se demuestra además que de forma mayoritaria las judicaturas no cuentan con espacios y materiales lúdicos que generen las mejores condiciones para atender a los niños, niñas y adolescentes como es su obligación; de igual manera, en el campo procedimental se denota que hay Judicaturas que no utilizan los instrumentos
internacionales que forman parte de la legislación vigente en nuestro país, demostrando todo esto que no existe metodología especializada en los Juzgados que garantice un trato diferenciado a niños, niños y adolescentes. 8
APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
Para evaluar los niveles de acceso a la justicia fundamentalmente en los parámetros relacionados a una tutela judicial efectiva en los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Civiles a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas a número de causas ingresadas, represamiento de causas, causas en trámite y causas resueltas. La información incluye la consulta sobre los casos que son de conocimiento del juez o jueza por mandato del Código de la Niñez y Adolescencia, así como las medidas de protección administrativas y judiciales.
Maltrato contra NNA
Resultados a Nivel Nacional
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas al 2010 aumentaron con respecto al 2008. Un hallazgo de esta información es ver que las causas resueltas disminuyeron con relación a los dos años anteriores y que las causas en trámite y represadas de años anteriores en el 2010 aumentaron, evidenciando poca celeridad en el trámite de los procesos. Del análisis de la información se refleja que la
provincia con mayor número de casos en trámite es la provincia de Cotopaxi.
Maltrato Psicológico
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas, resueltas y en trámite del 2010 disminuyeron con respecto al 2008. Un hallazgo de esta información es que desde el 2009 existe una tendencia a la baja de procesos iniciados por maltrato psicológico.
Maltrato Institucional
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas disminuyeron con respecto al año 2009. Un hallazgo de esta información es que existe un número mínimo de procesos iniciados por maltrato institucional.
Maltrato Sexual
Del análisis de la información se refleja que las provincias con mayor número de casos por maltrato sexual ingresados en el año 2010 son el Oro y Cotopaxi. Otro factor que hay que considerar es que los casos de maltrato sexual no muestran variaciones importantes en los tres años.
Medidas de Protección
Medidas de Protección dispuestas de oficio 9
Se refleja que el número de medidas de protección dispuestas solo tiene un 34.53% de
seguimiento en promedio al cumplimiento de las medidas dictadas. En cuanto al
número, es el año 2010 el que reporta una mayor cantidad de medidas dispuestas.
Adicionalmente se puede observar que de las 360 medidas dispuestas en la provincia de
Cotopaxi en los años 2008, 2009, y 2010 solo al 10.27% se ha dado seguimiento a su
cumplimiento.
Medidas de Protección Dispuestas a Petición
Se evidencia que el número de medidas de protección dispuestas en los tres años tiene
un 59% de seguimiento en promedio al cumplimiento de las medidas dictadas. En
cuanto al número, es el año 2010 el que reporta una mayor cantidad de medidas
dispuestas.
Acogimiento Institucional
El porcentaje de causas resueltas en relación a las causas ingresadas en los tres años se
ubican entre el 60% y 70% de cumplimiento, siendo en el año 2010 donde existió un
porcentaje de resolución de causas con un 61.67%. Adicionalmente se puede denotar
que el mayor número de causas ingresadas para Acogimiento Institucional se registra
en la provincia del Azuay constituyendo el 25.74% del total de causas ingresadas.
Acogimiento Familiar
Tanto las causas ingresadas, resueltas y en trámite muestran una tendencia creciente
en el número de causas del año 2010 en relación al 2008. Las provincias donde existe
un mayor porcentaje de causas ingresadas son en los tres años son Azuay con un
porcentaje del 13.75% y Santo Domingo de los Tsáchilas con un porcentaje del 15% del
total de causas ingresadas.
En cuanto a los casos consultados se puede verificar que, a pesar de no existir un
procedimiento establecido en la ley para la calificación y aprobación de familias para
acogimiento familiar, existe un gran número de casos en trámite y resueltos con
acogimiento familiar.
Familia
En los últimos tres años es la suspensión de la patria potestad el mayor recurso
interpuesto ante la Judicatura con un porcentaje del 50.68% del total de causas
ingresadas.
Visitas
Se evidencia una resolución de las causas en relación a las causas ingresadas de un
66.78%, un factor que hay que considerar es que existe un incremento del 57.41% en
relación de las causas represadas del 2010 frente al 2009.
Alimentos Nacionales
El informe muestra que en el año 2008 ingresaron 22.364 causas, en el año 2009
30.243 y en el año 2010 41.582; se puede ver un significativo incremento de las causas 10
a nivel nacional, durante los últimos tres años, pero también se puede notar que las
causas represadas de los años anteriores repercuten en el año 2010 donde el 65% de las
causas corresponden a causas represadas.
La investigación más allá de causas ingresadas en determinado año y su incremento o
disminución, nos permite observar estas causas a la luz de la aplicación de la reforma al
Código de Niñez y Adolescencia en este tema y su incidencia.
Alimentos en el Exterior
Con respecto a este tema, ponemos a consideración que las causas de alimentos en el
exterior se manejan a través de exhortos, esto quiere decir que los Juzgados de Niñez y
Adolescencia inicia el proceso de Alimentos en el Ecuador y solicita a sus pares en el
país de residencia del demandado la realización de determinado tipo de diligencia,
como por ejemplo, la citación, con el fin de que la causa se resuelva en Ecuador.
Tomando en cuenta estos datos, podemos mencionar que con respecto al año 2008, los
juzgados consultados no han aportado ningún tipo de información acerca de causas
ingresadas o causas resueltas. En el año 2009, solamente la provincia de Esmeraldas ha
remitido su información, en la cual se expresa que han ingresado 2 causas, se ha
resuelto 1 y se encuentra en trámite 1. En el año 2010 esta provincia no entrega más
información y Pichincha menciona haber recibido 15, solamente existen 2 resueltas y 13
en trámite.
Esclarecimiento de Situación Legal
En relación al proceso mediante el cual se investiga la situación de un niño, niña o
adolescente privado de su medio familiar, del cual se tomará la resolución de
reinserción familiar, declaratoria de aptitud legal para adopción u otras necesarias para
poder restituir al niño, niña o adolescente su derecho a la familia, observamos que la
gran mayoría de judicaturas no ofrece datos o indica no haber tramitado procesos de
este tipo; sin embargo se debe mencionar que contrariamente a la mayoría, la Provincia
de Azuay, en el año 2008, registra 1660 causas que corresponde a más al 90% de causas
ingresadas a nivel nacional; en el año 2009 sucede un fenómeno similar con un ingreso
de 1819 causas y en el año 2010 se reportan 1354 causas.
Consideramos que podría haber existido una confusión con respecto al concepto y el fin
de este proceso.
Adopción Nacional
Frente al tema de adopciones nacionales los datos remitidos denotan que a nivel
nacional se han registrado en total de 252 causas ingresadas, que han ido en
crecimiento desde el año 2008 al 2010. Sin embargo se puede ver falta de información
por parte de gran parte de las judicaturas.
Adopción Internacional
Con respecto a adopciones internacionales, se registran datos mediante los cuales se
establece que en todos los años consultados se han ingresado un total de 198 causas;
solo en el año 2010 se señalan un total de 72 causas, así lo más relevante es que en la 11
Provincia de Pichincha se ha registrado 14 adopciones internacionales y en la provincia
del Azuay 53 adopciones internacionales. Sin embargo, debe indicarse que estos datos
no coinciden con los datos registrados en la Dirección Nacional de Adopciones del
INFA, las Unidades Técnicas de Adopciones y la Autoridad Central del Ecuador para la
aplicación del Convenio de la Haya relativo de Protección y Cooperación en Materia de
Adopción Internacional.
Permiso Salida del País
De la revisión de los datos remitidos con respecto a los casos de autorizaciones
judiciales para salida del país, se denota que existe un número importante de procesos
conocidos por los Juzgados de Niñez y Adolescencia, ya que, en los tres años
consultados se ha registrado 9841 peticiones, las mismas que por su carácter
usualmente son resueltas de manera inmediata.
Traslado o Retención Ilícita Nacional
Se puede ver en los resultados que las provincias en las cuales se ha reportado mayor
cantidad de estos procesos en los años 2008 y 2009 son Tungurahua, Cotopaxi y El
Oro, las cuales representan el 70% de las causas ingresadas a nivel nacional. En el año
2010 es Pichincha, de nuevo Cotopaxi y el Oro las provincias donde mayor cantidad de
personas han solicitado la restitución de su hijo o hija, ya que representan el 52% de las
causas en todo el país.
Sustracción Internacional
Lastimosamente no se obtuvo datos acerca de causas de aplicación del Convenio de la
Haya relativo a los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Adolescentes en Conflicto con la Ley
En el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal los resultados muestran que en
el año 2008 se ingresaron 1988 causas, mientras que en el año 2009 ingresaron 2.186 y
en el año 2010 2.124, lo que denota que no hay un aumento significativo durante los
últimos tres años. Sin embargo es necesario tomar en cuenta que cada año hay un
importante número de causas represadas que sobrepasan el 30% anual.
Acción Judicial de Protección
Con respecto a este tema el nivel de resolución de causas es un tema importante de
rescatar ya que es mínimo el índice de causas represadas, aproximadamente el 94% de
causas son resueltas frente a las causas ingresadas cada año.
Sentencias:
Estos datos corresponden a los procesos de impugnación de resoluciones emitidas por
los Juzgados en todos los temas consultados.
En el año 2008, tomando en cuenta las tres provincias que muestran mayores procesos
impugnatorios, se puede ver que: Azuay con 88 procesos impugnatorios a sus
resoluciones tuvo como resultado 85 causas ratificadas y 3 causas revocadas; en
Cotopaxi tenemos 179 procesos impugnatorios de los cuales el 97% fueron ratificados y 12
el 3% fue revocado; y, por último Los Ríos con 181 procesos impugnatorios de los cuales
en el 93% de los casos, sus resoluciones fueron ratificadas y solamente el 3% de las
resoluciones fueron revocadas.
En el año 2009, tomando el caso de Cotopaxi e Imbabura podemos notar que en
Cotopaxi existieron 201 procesos impugnatorios de los cuales el 97% de las ocasiones
las resoluciones fueron ratificadas, en Imbabura con 646 procesos impugnatorios el
98% de los casos. Las resoluciones fueron ratificadas. Mientras que en la provincia de
Tungurahua que se registraron 41 procesos de impugnación y solamente el 54% de las
ocasiones las resoluciones fueron ratificadas.
En el año 2010, tomando en caso de nuevamente de Azuay, Cotopaxi y ahora Imbabura
podemos ver que en Azuay existió un 99% de las resoluciones ratificadas y solamente
el 1% revocadas; en Cotopaxi de 270 resoluciones impugnadas el 92% de estas fueron
ratificadas y en Imbabura que afrontó 788 procesos de impugnatorios solamente el
1.6% de las resoluciones fueron revocadas frente al 98% de resoluciones ratificadas.
Más hay que tomar en cuenta que esta tendencia no se dio en todos las provincias, ya
que en la provincia de Manabí donde se identificaron 154 procesos impugnatorios,
solamente el 53% de los resoluciones fueron ratificadas.
Conclusiones:
Del análisis realizado se puede verificar de manera general que existe un alto número
de causas represadas y en trámite en todos las clases de procesos consultadas respecto
del total de causas ingresadas en los tres años, lo cual denota una gran deficiencia en
cuanto a la celeridad en el trámite de los procesos que atenta contra el derecho a una
tutela judicial expedita.
De otro lado se puede denotar incongruencias en cuanto a la información entregada por
las judicaturas ya que en una gran mayoría no reporta información o las cifras no
cuadran entre las ingresadas, frente a las que están en trámite, resueltas y represadas,
lo cual nos permite concluir que no existe un sistema adecuado en las judicaturas para
el manejo de la información y la sistematización de la misma.
Instrumentos Técnicos y Legales:
Se consultó a los Juzgados las herramientas técnicas y legales con las que cuentan para
el conocimiento y juzgamiento de las causas de niñez y adolescencia; frente a ello los
resultados obtenidos son los siguientes:
Sobre instrumentos legales, es decir, Códigos, Regímenes Legales y literatura
relacionada con niñez y adolescencia se muestra que el 62% de judicaturas
poseen dichos instrumentos, frente al 38% que no los poseen.
En cuanto a instructivos, manuales y herramientas metodológicas para temas
de maltrato, solo el 74% de juzgados cuenta con dichos instrumentos, mientras
que para casos relacionados con medidas de protección solamente el 26% de los 13
Juzgados trabaja con dichos instrumentos; y, para casos generales relacionados
con temas de niñez y adolescencia solo el 26% posee las herramientas
necesarias.
Con respecto a si cuentan con instrumentos que contengan políticas
institucionales respecto a niñez y adolescencia, solamente el 12 % de los
juzgados trabaja con dichos instrumentos.
Conclusiones:
De las respuestas obtenidas en los Juzgados consultados se puede verificar la falta de
instrumentos básicos para la aplicación, tramitación y resolución de las causas
sometidas a su conocimiento, evidenciando una necesidad imperante de trabajar en la
entrega de herramientas esenciales y la debida capacitación en las mismas.
sobre la base de lo establecido en el Art. 195 del Código de la Niñez y Adolescencia que
establece la función de “Vigilar del cumplimiento de los objetivos del sistema en todos
sus componentes, a través de sus distintos organismos”; así como en el Art. 199 literal
f) que señala como función de la Secretaría Ejecutiva: “Impulsar los proyectos de
investigación y de capacitación que fueren necesarios para mejorar la capacidad de
gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral”; desarrolló la
“Primera Evaluación y Diagnóstico de Organismos Operadores de Justicia
Especializada en Niñez y Adolescencia del SNDPINA”, con el objetivo de contar con
información sobre el diseño institucional, la capacidad instalada y la gestión
(2008, 2009, 2010) de los operadores de justicia especializados en niñez y
adolescencia, para posteriormente plantear un proceso de fortalecimiento conjunto.
Los organismos operadores de justicia especializados del SNDPINA que fueron parte de
esta investigación son los siguientes:
1.- Consejo de la Judicatura:
Salas de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
Juzgados de la Niñez y Adolescencia; y Jueces Adjuntos Niñez y Adolescencia
Juzgados Civiles (donde no hubieren Juzgados de la Niñez y Adolescencia)
Oficinas Técnicas de los Juzgados de Niñez y Adolescencia
2.- Fiscalía General del Estado:
Procuradores de Adolescentes Infractores (adolescentes en conflicto con la ley)
3.- Juntas Cantonales de Protección de Derechos
4.- DINAPEN (Policía Especializada):
Jefaturas Provinciales
Subjefaturas
Para la realización de la investigación se contó con el apoyo institucional de cada organismo, levantándose información a nivel local y nacional a través de los formularios elaborados para el efecto.
El presente informe visualiza el resultado de la evaluación y diagnóstico realizado a los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia a nivel nacional así como a los Juzgados de lo Civil de los lugares donde no existen Juzgados de Niñez y Adolescencia y que conocen las causas de este grupo de atención prioritaria.
De las 95 judicaturas que remitieron sus respuestas se ha analizado la información proporcionada agrupándolas en cinco grandes temas: Infraestructura, Equipo Humano, Articulación, Enfoque de Derechos y Aplicación de la Justicia. En el marco de estos grandes temas se concluye lo siguiente: 3
INFRAESTRUCTURA
Para evaluar las necesidades de infraestructura que enfrentan los juzgados civiles y de la familia, niñez y la adolescencia a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas a sus instalaciones físicas, al acceso de servicios básicos, servicios de interconectividad y bases de datos para la formulación estadística.
De los resultados se desprende la siguiente información:
Infraestructura física
El 63% de las oficinas son arrendadas, un 32% son propias y apenas un 2% se encuentran en comodato u otras formas de propiedad. Las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Pichincha son las provincias que tienen mayor número de oficinas arrendadas, por su parte, Azuay, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua son
las provincias que tienen mayor número de instalaciones propias.
De las instalaciones analizadas, el 87% no cuentan con infraestructura para personas con capacidades especiales a nivel nacional
Conclusiones:
Estas cifras, reflejan que el Estado ecuatoriano carece de los espacios necesarios y adecuados para el funcionamiento de los juzgados de la niñez y adolescencia, así como también que el hecho de que en su mayoría sean bienes inmuebles arrendados implica un alto costo económico para el Estado por el pago de dicha infraestructura.
Infraestructura tecnológica
De la información proporcionada por los juzgados consultados en las 20 provincias a nivel nacional, se desprende que el total de computadoras con que cuentan es de 299. De esa cifra, las provincias que tienen mayor número de computadoras en buen estado son Pichincha (21%), El Oro (12%), Tungurahua
(10%) y Azuay (9%).
A nivel nacional, el 44% de las judicaturas afirman tener un software institucional para el manejo de causas, el 76% afirman que tienen línea de teléfono, el 39% están conectadas al servidor del Consejo Nacional de la
Judicatura, apenas el 14% tiene una cuenta institucional de correo electrónico.
En relación al levantamiento de estadísticas actualizadas sobre las causas que tramitan en sus judicaturas el 93% a nivel nacional contestaron que si las tienen.
Conclusiones:
En términos generales, se puede afirmar que de las judicaturas consultadas la mayoría tienen acceso a servicios básicos como el servicio telefónico, pero que menos de la mitad de ellas tiene acceso a servicios tecnológicos y de interconectividad, lo que dificulta la recepción y transferencia de información de todo tipo, particularmente, de aquella relacionada con el objetivo de sus funciones.
Sobre la elaboración de estadísticas actualizadas sobre las causas que se manejan dentro de los juzgados consultados, la mayoría contestaron que las tienen, sin embargo, al ser apenas el 39% los que están conectadas al servidor 4del CNJ, se desconoce si dichas estadísticas alimentan periódicamente los datos
de tal institución.
EQUIPO HUMANO
Respecto al talento humano de los juzgados nacionales encuestados, el 89% de ellos respondieron que no cuentan con personal de apoyo suficiente, siendo Azuay y Pichincha, El Oro y Los Rios aquellos que mayormente muestran esta dificultad.
En relación a las oficinas técnicas, órganos auxiliares distritales de la Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, apenas el 42% de los juzgados consultados afirman contar con esta instancia de apoyo. Adicionalmente, apenas un 2% de los juzgados consultados afirman que las Oficinas Técnicas de Apoyo cuentan con todos los insumos para su funcionamiento. La percepción de funcionamiento de estas oficinas por parte de los juzgados a nivel nacional desprende los siguientes resultados: Muy Bueno (27%), Regular (18%), Excelente (4%), Malo (4%), Pésimo (2%). Así por ejemplo, provincias como
Carchi, Cotopaxi y Los Ríos y Pastaza califican de excelente el trabajo de sus oficinas técnicas; por su parte, Pichincha y Tungurahua lo califican como muy malo; Azuay, Imbabura, Loja, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas lo califican como regular.
En relación a la capacitación del personal en materia de niñez y adolescencia, en el 2008, apenas un 28% de los juzgados consultados recibieron algún tipo de capacitación, en el 2009 se elevó el porcentaje a 33% y para el 2010 un 39% de los juzgados afirman haber sido capacitados. Es decir, en el periodo analizado
(2008-2010) existe un incremento considerable, de un 11%, para el acceso a servicios de capacitación especializada en niñez y adolescencia. Los juzgados de Azuay, El Oro, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura afirman haber recibido mayor capacitación en relación a las otras provincias a nivel nacional. Sobre la
participación en capacitaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, el 53% de los juzgados a nivel nacional, afirman haber recibido dichas capacitaciones.
Sobre la organización del trabajo y niveles de desempeño se les consultó a los juzgados a nivel nacional si habían sido sujetos a una evaluación de desempeño durante el periodo (2008-2010), los resultados nacionales indican que para el 2008 el 32% no fueron evaluados, en el 2009 disminuyo la cifra a un 31% y para el 2010 aumento al 37%. Finalmente se les consultó si para lo que lleva del 2011 se ha realizado algún tipo de evaluación de desempeño, las judicaturas de El Oro, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas afirmaron haber sido sujetos a evaluación.
Conclusiones:
Respecto al talento humano de los juzgados nacionales encuestados, el 89% de ellos respondieron que no cuentan con personal de apoyo suficiente, esto impide la ejecución eficiente de aplicación de la justicia, ya que la sobrecarga actual de trabajo en los funcionarios de las judicaturas, imposibilita responder
oportunamente al número de necesidades de los usuarios del sistema judicial. 5
En este sentido, la carencia de personal suficiente ocasionará la demora en la atención de las causas a nivel nacional. Lo antes mencionado se relaciona con la falta de oficinas técnicas de apoyo a las
judicaturas a nivel nacional, pues apenas el 40% afirman contar con esta instancia y de ese porcentaje, apenas el 2% contarían con insumos necesarios para su funcionamiento. Es por todo esto, concluyente el hecho cierto de la necesidad de crear oficinas técnicas a nivel nacional y que éstas y aquellas que
ya estarían en funcionamiento sean fortalecidas a nivel de recursos humanos e infraestructura.
En cuanto a la evaluación periódica del desempeño de las instancias judiciales es fundamental implementarlas para alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en la administración de justicia. Si no existe este tipo de evaluación, no es factible medir la calidad del trabajo que realizan los operadores de justicia, imposibilita
encontrar nudos críticos en la gestión y a su vez impide encontrar mecanismos que agilicen o faciliten la ejecución de los procesos.
ARTICULACIÓN
Para evaluar los niveles de articulación de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Civiles a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas al grado de relacionamiento interinstitucional, en especial de aquellas que son parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que
está integrado de conformidad al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por tres niveles de organismos:
1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, que
son:
a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y,
b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia;
2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. son:
a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos;
b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y,
c) Otros organismos.
3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos son:
a) Las entidades públicas de atención; y,
b) Las entidades privadas de atención.
Por lo tanto se evaluó la existencia de rutas o redes que permitan la aplicabilidad de
esta articulación y sobre todo se requirió una calificación de dicha articulación respecto
a sus resultados.
De las respuestas remitidas se desprende la siguiente información:
Frente al grado de coordinación entre los organismos de Sistema Nacional
Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia- SNDPINA en su cantón se refleja que el 24% de las judicaturas consideran positiva la coordinación, calificándola un 3% como excelente, 9% como muy bueno y 12% 6
como bueno; mientras que el 15% la califica como regular; el 17% como malo y el 44% no contesta.
Los organismos especializados de niñez y adolescencia a nivel local con los que mayormente se relacionan y articulan las judicaturas son: Dinapen 1209
acciones, Fiscalía 384 acciones, Juntas Cantonales de Niñez y Adolescencia 33
acciones; y, Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia 60 acciones; con
entidades de atención 29 acciones; Comisarías de la Mujer y la Familia 35
acciones; y, con Autoridad Central (CNNA) 7 acciones.
El 78% de las judicaturas indican que no han participado en reuniones para la
construcción de “Rutas de Protección”; y, solo el 22% son parte de alguna Red
Institucional de niñez y adolescencia.
De manera específica se consultó sobre el grado de coordinación entre el
Juzgado y el Consejo Nacional de la Judicatura a través del distrito al que
pertenece, dando como resultado que, el 12% lo considera excelente; 35% muy
bueno; el 22% bueno; regular el 14%; solo el 3% lo considera malo; y, el
14% no contesta. Relacionado con el nivel de cumplimiento de los acuerdos
alcanzados a la red que pertenecen, el 15% responde que si se cumple; y, el 85%
que no se cumple.
En el mismo sentido, se solicitó se califique el grado de coordinación entre el
Juzgado y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, de lo que se
desprende que el 39% lo considera excelente, bueno o muy bueno, mientras que
el 14% lo considera regular; el 18% lo considera malo; y un 29% no contesta.
Conclusiones:
Del levantamiento de la información se desprende las debilidades y dificultad de
articulación en respuesta a cómo está concebida, la gestión de la administración de
justicia como acciones que nacen y terminan en si mismas sin mirar el trabajo de
manera interinstitucional para el cumplimiento de las políticas públicas y
consecuentemente el cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia.
La participación de los Jueces en la definición de rutas de protección especializadas así
como su participación en redes institucionales a nivel local es muy limitada, esto genera
dificultades tanto para los usuarios como para las instituciones a la hora de coordinar
acciones para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, implicando además la falta de un funcionamiento sistémico. En este
sentido, se identifica que dentro del modelo de gestión del Sistema de Administración
de Justicia especializada de Niñez y Adolescencia no está visibilizada esta articulación
sistémica.
ESPECIALIDAD - ENFOQUE DE DERECHOS7
Para evaluar la aplicación de la especialidad y del enfoque de derechos de niños, niñas y
adolescentes en las Judicaturas, se formularon preguntas relacionadas al trato y al
procedimiento utilizado en las causas haciendo énfasis a las herramientas utilizadas
para el efecto.
De las respuestas remitidas se desprende la siguiente información:
En cuanto al trato especializado de niños, niñas y adolescentes se consultó la
frecuencia con que se escucha a los niños, niñas y adolescentes dentro de los
procesos que la judicatura sustancia, los resultados fueron: 56% siempre; 13%
casi siempre; 25% regularmente y 5% casi nunca.
En esa misma línea, se preguntó si el Juzgado cuenta con espacios lúdicos
diseñados para niños, niñas y adolescentes, de lo cual se desprende que apenas
un 5% de los Juzgados consultados cuentan con dichos espacios y de forma
mayoritaria, el 95% no contaría con espacios adecuados. Adicionalmente, el
13% de Juzgados cuentan con espacios adecuados para escuchar a niños, niñas y
adolescentes mientras que el 87% no cuentan con dichos espacios; frente a si los
Juzgados cuentan con algún tipo de material lúdico o didáctico para niños,
niñas y adolescentes el 99% responde negativamente.
En lo relativo al procedimiento se consultó si el Juzgado cuenta con un
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país relacionados con
niñez y adolescencia, a lo que se respondió positivamente un 51% y
negativamente un 49%. Respecto a esto, se solicitó calificar la frecuencia con la
que se utiliza estos instrumentos y el 24% respondió que siempre los utiliza, el
17% casi siempre, 32% regularmente, 4% casi nunca y el 15% nunca.
Conclusiones:
La aplicación de los principios de la doctrina de protección integral que manda a las autoridades administrativas y judiciales a ajustar sus decisiones al cumplimiento del conjunto de sus derechos; y en ese sentido la obligación de escuchar al niño, niña o adolescente en todos los asuntos que les interesa aparece evaluado de forma negativa por parte de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, siendo esto un incumplimiento claro a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro País.
Se demuestra además que de forma mayoritaria las judicaturas no cuentan con espacios y materiales lúdicos que generen las mejores condiciones para atender a los niños, niñas y adolescentes como es su obligación; de igual manera, en el campo procedimental se denota que hay Judicaturas que no utilizan los instrumentos
internacionales que forman parte de la legislación vigente en nuestro país, demostrando todo esto que no existe metodología especializada en los Juzgados que garantice un trato diferenciado a niños, niños y adolescentes. 8
APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
Para evaluar los niveles de acceso a la justicia fundamentalmente en los parámetros relacionados a una tutela judicial efectiva en los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Civiles a nivel nacional, se formularon preguntas relacionadas a número de causas ingresadas, represamiento de causas, causas en trámite y causas resueltas. La información incluye la consulta sobre los casos que son de conocimiento del juez o jueza por mandato del Código de la Niñez y Adolescencia, así como las medidas de protección administrativas y judiciales.
Maltrato contra NNA
Resultados a Nivel Nacional
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas al 2010 aumentaron con respecto al 2008. Un hallazgo de esta información es ver que las causas resueltas disminuyeron con relación a los dos años anteriores y que las causas en trámite y represadas de años anteriores en el 2010 aumentaron, evidenciando poca celeridad en el trámite de los procesos. Del análisis de la información se refleja que la
provincia con mayor número de casos en trámite es la provincia de Cotopaxi.
Maltrato Psicológico
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas, resueltas y en trámite del 2010 disminuyeron con respecto al 2008. Un hallazgo de esta información es que desde el 2009 existe una tendencia a la baja de procesos iniciados por maltrato psicológico.
Maltrato Institucional
Del levantamiento de la información se concluye que las causas ingresadas disminuyeron con respecto al año 2009. Un hallazgo de esta información es que existe un número mínimo de procesos iniciados por maltrato institucional.
Maltrato Sexual
Del análisis de la información se refleja que las provincias con mayor número de casos por maltrato sexual ingresados en el año 2010 son el Oro y Cotopaxi. Otro factor que hay que considerar es que los casos de maltrato sexual no muestran variaciones importantes en los tres años.
Medidas de Protección
Medidas de Protección dispuestas de oficio 9
Se refleja que el número de medidas de protección dispuestas solo tiene un 34.53% de
seguimiento en promedio al cumplimiento de las medidas dictadas. En cuanto al
número, es el año 2010 el que reporta una mayor cantidad de medidas dispuestas.
Adicionalmente se puede observar que de las 360 medidas dispuestas en la provincia de
Cotopaxi en los años 2008, 2009, y 2010 solo al 10.27% se ha dado seguimiento a su
cumplimiento.
Medidas de Protección Dispuestas a Petición
Se evidencia que el número de medidas de protección dispuestas en los tres años tiene
un 59% de seguimiento en promedio al cumplimiento de las medidas dictadas. En
cuanto al número, es el año 2010 el que reporta una mayor cantidad de medidas
dispuestas.
Acogimiento Institucional
El porcentaje de causas resueltas en relación a las causas ingresadas en los tres años se
ubican entre el 60% y 70% de cumplimiento, siendo en el año 2010 donde existió un
porcentaje de resolución de causas con un 61.67%. Adicionalmente se puede denotar
que el mayor número de causas ingresadas para Acogimiento Institucional se registra
en la provincia del Azuay constituyendo el 25.74% del total de causas ingresadas.
Acogimiento Familiar
Tanto las causas ingresadas, resueltas y en trámite muestran una tendencia creciente
en el número de causas del año 2010 en relación al 2008. Las provincias donde existe
un mayor porcentaje de causas ingresadas son en los tres años son Azuay con un
porcentaje del 13.75% y Santo Domingo de los Tsáchilas con un porcentaje del 15% del
total de causas ingresadas.
En cuanto a los casos consultados se puede verificar que, a pesar de no existir un
procedimiento establecido en la ley para la calificación y aprobación de familias para
acogimiento familiar, existe un gran número de casos en trámite y resueltos con
acogimiento familiar.
Familia
En los últimos tres años es la suspensión de la patria potestad el mayor recurso
interpuesto ante la Judicatura con un porcentaje del 50.68% del total de causas
ingresadas.
Visitas
Se evidencia una resolución de las causas en relación a las causas ingresadas de un
66.78%, un factor que hay que considerar es que existe un incremento del 57.41% en
relación de las causas represadas del 2010 frente al 2009.
Alimentos Nacionales
El informe muestra que en el año 2008 ingresaron 22.364 causas, en el año 2009
30.243 y en el año 2010 41.582; se puede ver un significativo incremento de las causas 10
a nivel nacional, durante los últimos tres años, pero también se puede notar que las
causas represadas de los años anteriores repercuten en el año 2010 donde el 65% de las
causas corresponden a causas represadas.
La investigación más allá de causas ingresadas en determinado año y su incremento o
disminución, nos permite observar estas causas a la luz de la aplicación de la reforma al
Código de Niñez y Adolescencia en este tema y su incidencia.
Alimentos en el Exterior
Con respecto a este tema, ponemos a consideración que las causas de alimentos en el
exterior se manejan a través de exhortos, esto quiere decir que los Juzgados de Niñez y
Adolescencia inicia el proceso de Alimentos en el Ecuador y solicita a sus pares en el
país de residencia del demandado la realización de determinado tipo de diligencia,
como por ejemplo, la citación, con el fin de que la causa se resuelva en Ecuador.
Tomando en cuenta estos datos, podemos mencionar que con respecto al año 2008, los
juzgados consultados no han aportado ningún tipo de información acerca de causas
ingresadas o causas resueltas. En el año 2009, solamente la provincia de Esmeraldas ha
remitido su información, en la cual se expresa que han ingresado 2 causas, se ha
resuelto 1 y se encuentra en trámite 1. En el año 2010 esta provincia no entrega más
información y Pichincha menciona haber recibido 15, solamente existen 2 resueltas y 13
en trámite.
Esclarecimiento de Situación Legal
En relación al proceso mediante el cual se investiga la situación de un niño, niña o
adolescente privado de su medio familiar, del cual se tomará la resolución de
reinserción familiar, declaratoria de aptitud legal para adopción u otras necesarias para
poder restituir al niño, niña o adolescente su derecho a la familia, observamos que la
gran mayoría de judicaturas no ofrece datos o indica no haber tramitado procesos de
este tipo; sin embargo se debe mencionar que contrariamente a la mayoría, la Provincia
de Azuay, en el año 2008, registra 1660 causas que corresponde a más al 90% de causas
ingresadas a nivel nacional; en el año 2009 sucede un fenómeno similar con un ingreso
de 1819 causas y en el año 2010 se reportan 1354 causas.
Consideramos que podría haber existido una confusión con respecto al concepto y el fin
de este proceso.
Adopción Nacional
Frente al tema de adopciones nacionales los datos remitidos denotan que a nivel
nacional se han registrado en total de 252 causas ingresadas, que han ido en
crecimiento desde el año 2008 al 2010. Sin embargo se puede ver falta de información
por parte de gran parte de las judicaturas.
Adopción Internacional
Con respecto a adopciones internacionales, se registran datos mediante los cuales se
establece que en todos los años consultados se han ingresado un total de 198 causas;
solo en el año 2010 se señalan un total de 72 causas, así lo más relevante es que en la 11
Provincia de Pichincha se ha registrado 14 adopciones internacionales y en la provincia
del Azuay 53 adopciones internacionales. Sin embargo, debe indicarse que estos datos
no coinciden con los datos registrados en la Dirección Nacional de Adopciones del
INFA, las Unidades Técnicas de Adopciones y la Autoridad Central del Ecuador para la
aplicación del Convenio de la Haya relativo de Protección y Cooperación en Materia de
Adopción Internacional.
Permiso Salida del País
De la revisión de los datos remitidos con respecto a los casos de autorizaciones
judiciales para salida del país, se denota que existe un número importante de procesos
conocidos por los Juzgados de Niñez y Adolescencia, ya que, en los tres años
consultados se ha registrado 9841 peticiones, las mismas que por su carácter
usualmente son resueltas de manera inmediata.
Traslado o Retención Ilícita Nacional
Se puede ver en los resultados que las provincias en las cuales se ha reportado mayor
cantidad de estos procesos en los años 2008 y 2009 son Tungurahua, Cotopaxi y El
Oro, las cuales representan el 70% de las causas ingresadas a nivel nacional. En el año
2010 es Pichincha, de nuevo Cotopaxi y el Oro las provincias donde mayor cantidad de
personas han solicitado la restitución de su hijo o hija, ya que representan el 52% de las
causas en todo el país.
Sustracción Internacional
Lastimosamente no se obtuvo datos acerca de causas de aplicación del Convenio de la
Haya relativo a los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Adolescentes en Conflicto con la Ley
En el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal los resultados muestran que en
el año 2008 se ingresaron 1988 causas, mientras que en el año 2009 ingresaron 2.186 y
en el año 2010 2.124, lo que denota que no hay un aumento significativo durante los
últimos tres años. Sin embargo es necesario tomar en cuenta que cada año hay un
importante número de causas represadas que sobrepasan el 30% anual.
Acción Judicial de Protección
Con respecto a este tema el nivel de resolución de causas es un tema importante de
rescatar ya que es mínimo el índice de causas represadas, aproximadamente el 94% de
causas son resueltas frente a las causas ingresadas cada año.
Sentencias:
Estos datos corresponden a los procesos de impugnación de resoluciones emitidas por
los Juzgados en todos los temas consultados.
En el año 2008, tomando en cuenta las tres provincias que muestran mayores procesos
impugnatorios, se puede ver que: Azuay con 88 procesos impugnatorios a sus
resoluciones tuvo como resultado 85 causas ratificadas y 3 causas revocadas; en
Cotopaxi tenemos 179 procesos impugnatorios de los cuales el 97% fueron ratificados y 12
el 3% fue revocado; y, por último Los Ríos con 181 procesos impugnatorios de los cuales
en el 93% de los casos, sus resoluciones fueron ratificadas y solamente el 3% de las
resoluciones fueron revocadas.
En el año 2009, tomando el caso de Cotopaxi e Imbabura podemos notar que en
Cotopaxi existieron 201 procesos impugnatorios de los cuales el 97% de las ocasiones
las resoluciones fueron ratificadas, en Imbabura con 646 procesos impugnatorios el
98% de los casos. Las resoluciones fueron ratificadas. Mientras que en la provincia de
Tungurahua que se registraron 41 procesos de impugnación y solamente el 54% de las
ocasiones las resoluciones fueron ratificadas.
En el año 2010, tomando en caso de nuevamente de Azuay, Cotopaxi y ahora Imbabura
podemos ver que en Azuay existió un 99% de las resoluciones ratificadas y solamente
el 1% revocadas; en Cotopaxi de 270 resoluciones impugnadas el 92% de estas fueron
ratificadas y en Imbabura que afrontó 788 procesos de impugnatorios solamente el
1.6% de las resoluciones fueron revocadas frente al 98% de resoluciones ratificadas.
Más hay que tomar en cuenta que esta tendencia no se dio en todos las provincias, ya
que en la provincia de Manabí donde se identificaron 154 procesos impugnatorios,
solamente el 53% de los resoluciones fueron ratificadas.
Conclusiones:
Del análisis realizado se puede verificar de manera general que existe un alto número
de causas represadas y en trámite en todos las clases de procesos consultadas respecto
del total de causas ingresadas en los tres años, lo cual denota una gran deficiencia en
cuanto a la celeridad en el trámite de los procesos que atenta contra el derecho a una
tutela judicial expedita.
De otro lado se puede denotar incongruencias en cuanto a la información entregada por
las judicaturas ya que en una gran mayoría no reporta información o las cifras no
cuadran entre las ingresadas, frente a las que están en trámite, resueltas y represadas,
lo cual nos permite concluir que no existe un sistema adecuado en las judicaturas para
el manejo de la información y la sistematización de la misma.
Instrumentos Técnicos y Legales:
Se consultó a los Juzgados las herramientas técnicas y legales con las que cuentan para
el conocimiento y juzgamiento de las causas de niñez y adolescencia; frente a ello los
resultados obtenidos son los siguientes:
Sobre instrumentos legales, es decir, Códigos, Regímenes Legales y literatura
relacionada con niñez y adolescencia se muestra que el 62% de judicaturas
poseen dichos instrumentos, frente al 38% que no los poseen.
En cuanto a instructivos, manuales y herramientas metodológicas para temas
de maltrato, solo el 74% de juzgados cuenta con dichos instrumentos, mientras
que para casos relacionados con medidas de protección solamente el 26% de los 13
Juzgados trabaja con dichos instrumentos; y, para casos generales relacionados
con temas de niñez y adolescencia solo el 26% posee las herramientas
necesarias.
Con respecto a si cuentan con instrumentos que contengan políticas
institucionales respecto a niñez y adolescencia, solamente el 12 % de los
juzgados trabaja con dichos instrumentos.
Conclusiones:
De las respuestas obtenidas en los Juzgados consultados se puede verificar la falta de
instrumentos básicos para la aplicación, tramitación y resolución de las causas
sometidas a su conocimiento, evidenciando una necesidad imperante de trabajar en la
entrega de herramientas esenciales y la debida capacitación en las mismas.
jueves, 8 de diciembre de 2011
AUSTRALIA: High Court halts Malaysia asylum deal
Australia's High Court has stopped the authorities from deporting a boat-load of asylum seekers to Malaysia.
Lawyers for the group of refugees argued that their transfer to Malaysia would be illegal.
Judges ruled there was a "sufficiently serious question", and ordered a halt to such transfers until a full hearing can be held later this month.
The ruling could jeopardise Australia's deal to send 800 asylum seekers to Malaysia over the next four years.
Under the deal, Australia would take 4,000 refugees who have already been processed in Malaysia.
But critics say refugees are often mistreated in Malaysia, which has not signed several human rights treaties.
The group of asylum seekers was the first to be targeted under the deal.
They were picked up in Australian waters and taken to Christmas Island, which hosts a controversial facility where hundreds of asylum seekers are kept in detention while their claims are processed.
A human rights lawyer representing the 42 asylum seekers argued that sending the group to Malaysia would be illegal.
The lawyer, David Manne, told Australian radio ahead of the hearing that Malaysia had a "troubling record when it comes to treatment of refugees".
High Court Justice Kenneth Hayne ruled there was a "sufficiently serious question" for the case to have a full hearing, ordering a temporary injunction on the transfers.
Both Canberra and Kuala Lumpur have insisted their agreement provided the necessary safeguards.
Australian Prime Minister Julia Gillard has said the agreement will "smash the business model of people smugglers".
But the Australian Human Rights Commission, a watchdog body, has expressed concern - particularly over the welfare of young asylum seekers.
"It is very difficult to see how he [Immigration Minister Chris Bowen] can be satisfied that it is in the best interest of an unaccompanied child to send that child to Malaysia, a country that is not a signatory to the refugees convention," its head, Catherine Branson, said last month.
Australia currently has more than 6,000 asylum seekers in detention originating from countries including Iran, Iraq, Vietnam, Sri Lanka and Afghanistan.
The UN has previously criticised Australia for holding all asylum seekers in detention centres while their applications are assessed.
The migrants are held for months at the Christmas Island centre, about 1,500 miles (2,400km) from the Australian mainland, and in other facilities.
UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
The States Parties to this Convention,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that those rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing that those rights derive from the inherent dignity of the human person,
Considering the obligation of States under the Charter, in particular Article 55, to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,
Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Having regard also to the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly on 9 December 1975,
Desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment throughout the world,
Have agreed as follows:
PART I
PART I
Article 1
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.
Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.
Article 3 General comment on its implementation
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.
Article 4
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.
Article 5
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:
(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:
(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.
Article 6
1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence. The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence. The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.
4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.
Article 7
1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.
1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.
3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.
Article 8
1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.
Article 9
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.
Article 10
1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such person.
1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such person.
Article 11
Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.
Article 12
Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.
Article 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.
Article 14
1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.
Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.
Article 12
Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.
Article 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.
Article 14
1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.
Article 15
Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.
Article 16
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.
Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.
Article 16
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.
PART II
Article 17
Article 17
1. There shall be established a Committee against Torture (hereinafter referred to as the Committee) which shall carry out the functions hereinafter provided. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their personal capacity. The experts shall be elected by the States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution and to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. States Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who are also members of the Human Rights Committee established under the International Covenant on Civil and Political Rights and who are willing to serve on the Committee against Torture.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. States Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who are also members of the Human Rights Committee established under the International Covenant on Civil and Political Rights and who are willing to serve on the Committee against Torture.
3. Elections of the members of the Committee shall be held at biennial meetings of States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
4. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of this Convention. At. Ieast four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these five members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 3 of this article.
6. If a member of the Committee dies or resigns or for any other cause can no longer perform his Committee duties, the State Party which nominated him shall appoint another expert from among its nationals to serve for the remainder of his term, subject to the approval of the majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.
7. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they are in performance of Committee duties. (amendment (see General Assembly resolution 47/111 of 16 December 1992); status of ratification)
Article 18
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
(a) Six members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
3. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under this Convention.
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.
5. The States Parties shall be responsible for expenses incurred in connection with the holding of meetings of the States Parties and of the Committee, including reimbursement to the United Nations for any expenses, such as the cost of staff and facilities, incurred by the United Nations pursuant to paragraph 3 of this article. (amendment (see General Assembly resolution 47/111 of 16 December 1992); status of ratification)
Article 19
1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned. Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on any new measures taken and such other reports as the Committee may request.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States Parties.
1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned. Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on any new measures taken and such other reports as the Committee may request.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States Parties.
3. Each report shall be considered by the Committee which may make such general comments on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. That State Party may respond with any observations it chooses to the Committee.
4. The Committee may, at its discretion, decide to include any comments made by it in accordance with paragraph 3 of this article, together with the observations thereon received from the State Party concerned, in its annual report made in accordance with article 24. If so requested by the State Party concerned, the Committee may also include a copy of the report submitted under paragraph I of this article.
Article 20
1. If the Committee receives reliable information which appears to it to contain well-founded indications that torture is being systematically practised in the territory of a State Party, the Committee shall invite that State Party to co-operate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
2. Taking into account any observations which may have been submitted by the State Party concerned, as well as any other relevant information available to it, the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one or more of its members to make a confidential inquiry and to report to the Committee urgently.
1. If the Committee receives reliable information which appears to it to contain well-founded indications that torture is being systematically practised in the territory of a State Party, the Committee shall invite that State Party to co-operate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
2. Taking into account any observations which may have been submitted by the State Party concerned, as well as any other relevant information available to it, the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one or more of its members to make a confidential inquiry and to report to the Committee urgently.
3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee shall seek the co-operation of the State Party concerned. In agreement with that State Party, such an inquiry may include a visit to its territory.
4. After examining the findings of its member or members submitted in accordance with paragraph 2 of this article, the Commission shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments or suggestions which seem appropriate in view of the situation.
5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs I to 4 of th is article s hall be con fidential , and at all stages of the proceedings the co-operation of the State Party shall be sought. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report made in accordance with article 24.
Article 21
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. Such communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be dealt with by the Committee under this article if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure;
(a) If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisions ofthis Convention, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months afler the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. Such communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be dealt with by the Committee under this article if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure;
(a) If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisions ofthis Convention, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months afler the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it under this article only after it has ascertained that all domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective relief to the person who is the victim of the violation of this Convention;
(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article;
(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for the obligations provided for in this Convention. For this purpose, the Committee may, when appropriate, set up an ad hoc conciliation commission;
(f) In any matter referred to it under this article, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;
(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;
(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph (b), submit a report:
(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report.
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report.
In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.
2. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.
Article 22
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by a State Party of the provisions of the Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration.
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of this Convention.
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by a State Party of the provisions of the Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration.
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of this Convention.
3. Subject to the provisions of paragraph 2, the Committee shall bring any communications submitted to it under this article to the attention of the State Party to this Convention which has made a declaration under paragraph I and is alleged to be violating any provisions of the Convention. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
4. The Committee shall consider communications received under this article in the light of all information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned.
5. The Committee shall not consider any communications from an individual under this article unless it has ascertained that:
(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure of international investigation or settlement;
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective reliefto the person who is the victim of the violation of this Convention.
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective reliefto the person who is the victim of the violation of this Convention.
6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.
8. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by or on behalf of an individual shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the SecretaryGeneral, unless the State Party has made a new declaration.
Article 23
The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 21, paragraph I (e), shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 24
The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States Parties and to the General Assembly of the United Nations.
PART III
Article 25
The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 21, paragraph I (e), shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 24
The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States Parties and to the General Assembly of the United Nations.
PART III
Article 25
1. This Convention is open for signature by all States. 2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 27
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force onthe thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 26
This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 27
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force onthe thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 28
1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 29
1 . Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering an d voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the SecretaryGeneral shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.
1 . Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering an d voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the SecretaryGeneral shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments which they have accepted.
Article 30
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from thc date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Con vention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any State Party having made such a reservation.
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from thc date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Con vention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any State Party having made such a reservation.
3. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 31
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of- the notification by the Secretary-General .
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of- the notification by the Secretary-General .
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.
3. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the Committee shall not commence consideration of any new matter regarding that State.
Article 32
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and all States which have signed this Convention or acceded to it of the following:
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 25 and 26;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the entry into force of any amendments under article 29;
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and all States which have signed this Convention or acceded to it of the following:
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 25 and 26;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the entry into force of any amendments under article 29;
(c) Denunciations under article 31.
Article 33
1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States.
1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States.
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